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Profesionales y nuevas tecnologías

Los y las profesionales de la justicia y las nuevas tecnologías

Los derechos y deberes de los y las profesionales del ámbito de la Justicia en sus relaciones con la Administración de Justicia están recogidos en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

 En el artículo 6 del RDL se reconoce el derecho a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios electrónicos. En este sentido, se establece la preferencia de la práctica de las comunicaciones judiciales por vía telemática.

Infórmate sobre

Los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia tienen ciertos derechos reconocidos en lo que respecta al uso de medios electrónicos:

  • A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que intervengan;
  • A acceder y obtener copia del expediente judicial electrónico y de los documentos electrónicos de los procedimientos en los que intervengan;
  • A acceder en formato electrónico a los documentos conservados por la Administración de la Justicia que formen parte de un expediente;
  • A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos;
  • A la garantía de la seguridad y confidencialidad y disponibilidad en el tratamiento de datos personales realizado por la Administración de Justicia;

 

Las y los profesionales tienen derecho a que los sistemas de información de la Administración de la Justicia posibiliten y favorezcan la desconexión digital, de manera que permita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Las personas profesionales del ámbito de la Justicia tienen derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica del DNI o de cualquier otro identificador reconocido, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional.

Por su parte, la Administración de Justicia debe garantizar a los profesionales la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en sus ficheros, sistemas y aplicaciones informáticas.

Los y las profesionales que se relacionen con la Administración de Justicia, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.