Derechos y deberes

Se trata de un derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución , según el cual toda persona tiene derecho a ser parte en un proceso judicial, para poder defender sus intereses legítimos. Durante el proceso, la persona tiene derecho a hacer sus alegaciones y a presentar sus pruebas en condiciones de igualdad. Asimismo, tiene derecho a que el juez o jueza le dé una respuesta motivada y razonable, y a que haga cumplir sus decisiones.

La persona que juzgue el caso debe ser la que corresponda por ley, según la materia y el lugar en que se juzgue.

El proceso tiene que ser público, salvo que se decida lo contrario por razones de moralidad, de orden público, de seguridad nacional, o cuando puedan ponerse en peligro los intereses de los menores, la protección de la vida privada u otros derechos y libertades de las partes.

Tanto el proceso judicial como la ejecución de la sentencia deben producirse sin retrasos, en un plazo razonable y, en caso de producirse una demora indebida, la persona debe recibir la correspondiente indemnización.

El juez o jueza debe ser imparcial, y debe abstenerse de juzgar si concurre en él o en ella relaciones de parentesco, amistad, etc., o porque haya intervenido en el asunto. Sin concurre alguna de estas circunstancias, se puede solicitar que se aparte del proceso a la persona que juzga.

Este derecho se debe garantizar desde el primer contacto que tenga la persona con el proceso, tanto en sede judicial como policial, para evitar acusaciones sorpresivas y poder preparar desde el primer momento la defensa adecuada a la acusación que se le hace.

Toda persona tiene derecho a no reconocer su participación en un delito, ni en sede policial ni judicial. Faltar a la verdad en este punto no puede ser objeto de sanción. No obstante, cuando se trate de realizar una prueba o investigación distinta de la declaración (reconocimiento en rueda, toma de huellas, test de alcoholemia...), la persona no podrá acogerse a este derecho.

La persona acusada no tiene la obligación de probar su inocencia, sino que ésta debe presumirse y el Tribunal actuar consecuentemente con esta presunción. Si la persona que juzga no llega al convencimiento de la culpabilidad, deberá declarar su inocencia.

Derechoa examinar las actuaciones con antelación

Para poder defenderte antes de que se te tome declaración.

Defenderte en el proceso con la ayuda de una persona abogada

Puedes elegirlo tu o pedir que se te asigne de oficio. Además, tienes derecho a hablar en privado con tu abogado o abogada en todo momento, incluso antes de declarar. Estas conversaciones son confidenciales.

Puedes interponer una denuncia y así poner un hecho delictivo en manos de la justicia. La puedes presentar en cualquier juzgado o sede policial.

Solo con abogado o abogada si eres menor de edad. Si lo haces después del juicio oral, podrás personarte, pero no podrás presentar tu propio escrito de acusación. En ese caso, tendrás que adherirte al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por las acusaciones ya personadas.

No personarte en el proceso penal no significa renunciar a tu derecho a restitución, reparación o indemnización. En caso de no personarte, el Ministerio Fiscal podrá ejercer las acciones legales correspondientes.

Recibir gratuitamente la información, orientación y ayuda que necesites a través de los Servicios de Asistencia a las Víctimas (SAV) ubicados en los Palacios de Justicia de Bilbao, Barakaldo, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

La solicitud se debe presentar en el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) ubicado en los Palacios de Justicia de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Esta obligación se extiende a las personas pertenecientes a la Magistratura, Judicatura y al Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, funcionariado, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Estas personas deben ser puntuales para evitar pérdidas de tiempo innecesarias, y deben evitar dirigirse a la ciudadanía con expresiones inconvenientes, ofensivas o de riña.

Nombre, apellidos y categorías de las personas que la atiendan y de las demás personas que sirven el órgano judicial.

En cualquier momento, con las limitaciones establecidas en la Ley, la persona interesada puede pedir información sobre el estado de la tramitación en la que tenga interés legítimo y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

Siempre que sean las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.

Los citados documentos deben expresar con claridad el objeto de la comparecencia, así como las consecuencias de no atenderla.

En la mayor parte de las ocasiones es obligatorio para intervenir en un proceso contar con representación legal. No es obligatorio tan sólo en el proceso laboral, en los juicios de faltas en lo penal, y en determinados asuntos de menor importancia en lo civil y en lo contencioso-administrativo.

La asistencia del o la letrada consiste en estar presente y en que su actuación sea real y efectiva, tanto durante la detención como durante el proceso judicial.

Aquellas personas que carezcan de medios económicos tienen derecho a que se les proporcione representación legal para que les defiendan y representen en el juicio, y a estar exentos del pago de anuncios, depósitos y asistencias periciales.

Este derecho no sólo se tiene para aquellos casos en los que sea obligatoria la intervención de profesionales de la justicia, sino también cuando sea puramente voluntario.

Tienen derecho a la justicia gratuita los ciudadanos y ciudadanas españolas o nacionales de los estados miembros de la Unión Europea y extranjeros o extranjeras que residan legalmente en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Se considera que no tienen recursos suficientes las personas cuyos ingresos económicos anuales por unidad familiar, no superan el doble del salario mínimo interprofesional.

Salvo que la persona se acoja a la asistencia jurídica gratuita, para cuyo supuesto se establecen una serie de limitaciones.

El o la abogada tiene, a su vez, libertad para aceptar o rechazar los asuntos, salvo que se le nombre de oficio, en cuyo caso el rechazo debe ser justificado.

El o la abogada puede rechazar el asunto si su dedicación profesional o sus conocimientos no le capacitan para asumir dicho encargo.

El o la abogada dirige el asunto, pero puede cesar en su intervención cuando no esté de acuerdo con su cliente sobre la forma de la defensa. El o la profesional debe realizar los actos necesarios para evitar la pérdida de los derechos que pudiera tener su cliente, y no puede retener documentos facilitados por dicho cliente, bajo el pretexto de tener pendiente el cobro de honorarios.

Tanto a la persona implicada como a la persona encargada de defenderla, facilidades tales como: desplazamiento de las personas detenidas, otorgamiento de plazos razonables para la defensa, la citación con tiempo, etc.

Los y las profesionales deben a guardar secreto sobre todo aquello que conozcan con motivo del ejercicio de su profesión, y no podrán aceptar encargos que impliquen actuaciones contra su persona, salvo que haya transcurrido un tiempo razonable, y la intervención no implique violación del secreto profesional, ni siquiera aparentemente.

Deber de poner en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal la comisión de un delito, en caso de presenciarlo, salvo la persona que estuviera exenta por razones familiares.

Cualquier ciudadano o ciudadana puede instar la actuación de la Administración de Justicia en defensa de intereses colectivos, en los casos que recoja la ley.

En aquellos procesos penales que la ley determine Ley Orgánica 5/1995, de 23 de mayo del Tribunal del Jurado. Si quieres profundizar en este derecho y la forma en que se ejerce, dispones de un apartado dedicado al candidato o candidata a Jurado.
Cuando la persona sea requerida para ello, tiene el deber de participar como Jurado en un juicio, salvo incompatibilidad, prohibición o excusa predeterminada en le ley.

Las personas tienen el deber de colaborar con la justicia acudiendo como testigo cuando sean citadas para ello, prestando testimonio verdadero.