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El derecho a morir dignamente es una extensión natural del derecho fundamental a vivir dignamente, por lo que la muerte digna se considera un derecho humano. Este derecho hace referencia a la garantía que tenemos las personas de ejercer con autonomía al final de nuestra vida, y que le permite a la persona o a quien la represente válidamente ante la Ley tomar decisiones libres e informadas y tener control sobre el proceso de su muerte.
El derecho a la memoria es un derecho complejo que afecta tanto a las personas individuales como a la sociedad en su conjunto, ya que por un lado está la libertad individual de las personas de recordar u olvidar libremente las cosas, y por otro está el derecho individual o colectivo de ser o no ser recordado por algo.
El derecho a una vivienda digna está recogido en varios convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la ONU en 1966. En concreto, el derecho a la vivienda viene recogido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, y con posterioridad a la Constitución se han aprobado varias Leyes relacionadas con este derecho.
Tal y como analizamos en el reportaje previo sobre el derecho de información, este derecho está recogido en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, junto con la libertad de prensa.
El texto de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia suprime la obligación de que los profesionales pidan cita previa para acudir a los juzgados.
A pesar de que en 1945 la ONU ya recogía en la Declaración Universal de los derechos humanos el derecho a la información, hubo que esperar hasta la Constitución de 1978 para que el nuevo Gobierno lo reconociese y garantizase.
Los Derechos Humanos son universales y civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas mayores, ya que estas últimas son un colectivo que es especialmente vulnerable, y es más susceptible de depender de los demás para la ayuda y los cuidados. Pero hasta la actualidad, los derechos de las personas de edad no han sido reconocidos específicamente en la forma de una convención o tratado concreto del sistema de derechos humanos.
Hoy más que nunca el Derecho a la salud es un tema que está en boca de toda la ciudadanía, y a raíz del estado de alarma decretado en el Estado español como medio de contención de la pandemia de Covid-19, millones de personas permanecen confinadas en sus casas con el objetivo de evitar el contagio y la consiguiente saturación del sistema público de salud.
El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco ha puesto en marcha un Servicio de Cita Previa telemática para la presentación de escritos de inicio de los procedimientos judiciales en la Administración de Justicia en Euskadi.
Este año se cumple el quinto aniversario desde que el 28 de abril de 2015 entrase en vigor el Estatuto de la Víctima del delito. El Estatuto de la Víctima del Delito es una norma que, nada más y nada menos, vino, en consonancia con los avances que se están realizando en la Unión Europea, a regular el cómo y el porqué del proceder con la que siempre ha sido la gran olvidada del sistema judicial: la víctima.
