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Tal y como analizamos en el reportaje previo sobre el derecho de información, este derecho está recogido en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, junto con la libertad de prensa.

El texto de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia suprime la obligación de que los profesionales pidan cita previa para acudir a los juzgados.

A pesar de que en 1945 la ONU ya recogía en la Declaración Universal de los derechos humanos el derecho a la información, hubo que esperar hasta la Constitución de 1978 para que el nuevo Gobierno lo reconociese y garantizase.

Los Derechos Humanos son universales y civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas mayores, ya que estas últimas son un colectivo que es especialmente vulnerable, y es más susceptible de depender de los demás para la ayuda y los cuidados. Pero hasta la actualidad, los derechos de las personas de edad no han sido reconocidos específicamente en la forma de una convención o tratado concreto del sistema de derechos humanos.

Hoy más que nunca el Derecho a la salud es un tema que está en boca de toda la ciudadanía, y a raíz del estado de alarma decretado en el Estado español como medio de contención de la pandemia de Covid-19, millones de personas permanecen confinadas en sus casas con el objetivo de evitar el contagio y la consiguiente saturación del sistema público de salud.

El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco ha puesto en marcha un Servicio de Cita Previa telemática para la presentación de escritos de inicio de los procedimientos judiciales en la Administración de Justicia en Euskadi.

Este año se cumple el quinto aniversario desde que el 28 de abril de 2015 entrase en vigor el Estatuto de la Víctima del delito. El Estatuto de la Víctima del Delito es una norma que, nada más y nada menos, vino, en consonancia con los avances que se están realizando en la Unión Europea, a regular el cómo y el porqué del proceder con la que siempre ha sido la gran olvidada del sistema judicial: la víctima.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención describe los derechos que tiene la infancia en todas regiones del mundo y establece la responsabilidad del Estado para garantizar cada uno de esos derechos. En la actualidad, es el Tratado Internacional de Derechos que más respaldo ha tenido en el mundo.

Las imágenes de las personas que han votado por primera vez han estado este año en primera plana de los informativos; personas que se muestran orgullosas de votar, porque saben que tras el pequeño gesto de introducir la papeleta en la urna existen muchos años de movilizaciones con el objetivo de lograr el reconocimiento pleno de todos sus derechos.