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Los derechos paso a paso VIII: las víctimas

03 de abril de 2020

Este año se cumple el quinto aniversario desde que el 28 de abril de 2015 entrase en vigor el Estatuto de la Víctima del delito. El Estatuto de la Víctima del Delito es una norma que, nada más y nada menos, vino, en consonancia con los avances que se están realizando en la Unión Europea, a regular el cómo y el porqué del proceder con la que siempre ha sido la gran olvidada del sistema judicial: la víctima.

una mujer a través de un cristal roto, sentada en el suelo con la cabeza entre las manos y una pistola en una de ellas

¿Quién se considera víctima?

El artículo 2 del Estatuto proporciona el concepto legal de víctima. Se considera como tal a la persona afectada directa o indirectamente por el delito (víctima directa o indirecta). La víctima directa es aquella persona física que ha sufrido un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio causado directamente por la comisión del delito. El daño incluye lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales y perjuicios económicos. La víctima indirecta es el familiar o pariente de una persona que ha muerto o que ha desaparecido, siempre que no se considere responsable de los hechos. 

Por lo tanto, cualquier víctima de cualquier delito es considerada como tal, y tiene derecho a que se le reconozca, ya sea víctima de acoso, tortura, de delitos informáticos, de violencia intrafamiliar, de robo o de accidente de tráfico, entre otros. 

Ambulancia parada con las puertas traseras abiertas mientras sanitarios trabajan en el arcén

Euskadi, pionera en trabajar con las víctimas

La Unión Europea está inmersa desde hace varios años en un proceso de transición profunda de la jurisdicción penal para impulsar la Justicia Restaurativa, que obliga a la cooperación entre la víctima y su victimario; con la aprobación del Estatuto de la Víctima España entró hace cinco años en ese proceso de transición, en el que Euskadi concretamente está siendo pionera, ya que desde las instituciones vascas se viene trabajando hace más de cinco años en ese cambio de modelo.

Concretamente, como consecuencia del desarrollo del Estatuto y de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, de la que trae causa, y en consonancia con el interés que el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco tiene para con las víctimas, estos años se han dado avances considerables. En este sentido, el paso más importante podría considerarse la creación en 2019 del Servicio de Justicia Restaurativa. El objetivo de este Servicio es hacerle un lugar a la víctima y darle un sentido a su participación en el procedimiento.

Antes de eso, la mediación ya era una realidad en Euskadi desde 2007: primero, a través del Servicio de Mediación Penal, después conocido como Servicio de Mediación Intrajudicial.


¿Qué es la Justicia Restaurativa?

La Justicia Restaurativa se entiende como “aquel proceso donde la víctima y el ofensor, y donde sea apropiado, otras personas y miembros de la comunidad afectados por un delito, participan activamente juntos en la resolución de las cuestiones derivadas del mismo, con la ayuda de una persona facilitadora” (Dandurand y Griffiths 2006, p.6). Reconociendo que el delito causa daños a las personas y comunidades, se insiste en que se reparen esos daños y que a las personas protagonistas de lo ocurrido se les permita participar en ese proceso. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitan a las víctimas, a la persona infractora y a las personas afectadas de la comunidad para que se involucren de forma directa en dar una respuesta al delito. Ellas llegan a ser el centro del proceso de esta Justicia Penal, con la ayuda de personas profesionales adecuadas, de un sistema que apunta a la responsabilidad de la persona infractora y a la reparación a las víctimas. Y promueve la total participación de estas últimas, la persona infractora y la comunidad. El proceso restaurador debe involucrar a todas las partes como aspecto fundamental para alcanzar el resultado restaurador de reparación y paz (Zehr 2011).*

En el País vasco, el Servicio de Justicia Restaurativa ofrece una alternativa a la solución judicial de los conflictos. Se trata de un proceso extrajudicial voluntario y confidencial que busca facilitar el diálogo entre agresor/a y víctima para que traten de alcanzar un acuerdo en el marco de un proceso penal, mediante la intervención de una persona neutral ajena al conflicto. En el ámbito Civil-Familiar permite llegar a una solución a la situación de conflicto mediante el diálogo.

Por lo tanto, todas aquellas personas que son víctima o están imputadas en un proceso penal pueden acudir al Servicio de Justicia Restaurativa para recibir orientación, pero tiene que ser el Juez o Jueza encargado/a del proceso quien lo solicite, con la aprobación de la Fiscalía.
 

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Retos por alcanzar

A pesar de la aprobación del Estatuto y de la Directiva Europea, los servicios desarrollados en torno a mismo son relativamente nuevos en el País Vasco y aún se enfrentan a nuevos retos que solucionar.

En el simposio organizado en 2019 por el Foro Europeo de Justicia Restaurativa (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), junto con el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco y la Universidad de Deusto, los expertos subrayaron los principales retos a los que se enfrenta la puesta en marcha del Servicio, como determinar en qué tipo de delitos se puede empezar a aplicar y en qué momento del proceso penal se invita a la víctima a mantener un diálogo y a cooperar con su victimario. En palabras de La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concha Sáez, “la Unión Europea atraviesa un proceso de transición profunda desde la mediación, como instrumento de la Justicia Restaurativa, hasta que la propia Justicia Restaurativa se implante como un cúmulo de herramientas para su activación en el proceso penal". Euskadi ha posibilitado ahora que, "de ese trabajo restaurativo, en pro de la víctima, se beneficie toda la sociedad", en un momento en que el Derecho Penal español "debe aceptar esos nuevos parámetros, no solo por la recomendación de la UE, sino por una cuestión de humanidad", para evitar que perdure la asociación de hacer justicia como aplicación de un castigo

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