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Los derechos, paso a paso III: derecho al divorcio

06 de noviembre de 2018

Hoy en día existen modelos de familia que hace varias décadas serían sencillamente impensables en Euskadi; donde ahora conviven parejas de hecho, matrimonios entre personas del mismo sexo o familias monoparentales… antes sólo existían dos opciones: el matrimonio heterosexual o la soltería.

Pareja enfrentada y gato en medio observándola

 

 

En esa línea, las normas jurídicas y sociales establecían que el matrimonio era indivisible; esto significaba que aunque la relación fuese mala o nula, para la mayoría de la sociedad era difícil separarse legalmente. Con el fin de la dictadura franquista y la aprobación de la Constitución, se establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio, y las leyes se van adecuando a la nueva situación. Sin embargo, no será hasta 1981 cuando entre en vigor la conocida como Ley del divorcio. Esta Ley restableció, tras 49 años, la legalidad de la ruptura matrimonial.

Mertxe Agúndez, abogada

 

 

Mertxe Agúndez, abogada, ararteko y parlamentaria, ejercía la abogacía en la década en la que se legalizó el divorcio, y vivió de cerca los cambios políticos y sociales de finales de los 70; también fue militante feminista, y una de las mujeres que impulsó, entre otras cosas, la creación de Emakunde, el Instituto Vasco de la mujer. Recuerda sus años de estudiante de  Derecho como una época en la que la situación legal contrastaba con la necesidad de libertad. “Había aires de libertad que venían de Europa y la influencia de mayo del 68  en nuestras vidas fue enorme”, explica. Eran años de cambios sociales y políticos a todos los niveles, aunque desde su perspectiva, las cosas no fueron tan sencillas, la situación era complicada, ya que aunque la sociedad estaba cambiando, la falta de libertades dificultaba los avances: “queríamos modificar las leyes y luego vimos que aunque los cambios legislativos son  necesarios, no suelen ser  suficientes para cambiar las costumbres y prácticas colectivas”.

Las mujeres vivían en minoría de edad

Respecto al divorcio, Mertxe Agúndez explica “cuando estudié la carrera de Derecho, a finales de los 60, comienzos de los 70, no sólo no existía la posibilidad de divorciarse, sino que la situación de las mujeres en la leyes era de minoría de edad”. Con esta afirmación, hace referencia a la situación general que vivieron las mujeres hasta la década de los 70: el Código Civil que regía era del año 1889 –y estuvo vigente casi un siglo-. Este código relegaba a las mujeres al interior del hogar, y les asignaba las tareas domésticas y el cuidado de hijas e hijos. Sin embargo, esta responsabilidad no fue acompañada del poder de decisión, pues era el marido el que ejercía la patria potestad y disponía de los bienes. “Dentro del matrimonio, las mujeres casadas –explica Agúndez- debían obediencia al marido. Él era el representante legal de la mujer y el administrador, no sólo de los bienes gananciales (los ganados a partir del matrimonio) sino también de los propios de la mujer”. Las mujeres no podían, por ejemplo, comparecer por sí mismas en un juicio, ni tampoco adquirir bienes, sin el permiso del hombre de la casa. Esta situación se mantuvo hasta 1975, que fue el año en el que desapareció la licencia marital.

Además, las mujeres estaban sometidas a un riguroso control social que se plasmaba en delitos como el adulterio, con el que se castigaba a las mujeres casadas aunque las relaciones fueran esporádicas. Para los hombres, en casos similares, existía el amancebamiento -que a diferencia del adulterio, exigía reiteración y notoriedad-. Hasta 1978 no desaparecieron esos delitos.

Además, el destino de las mujeres era el matrimonio

Partiendo de un Código Civil de 1889 y una sociedad desarrollada bajo la dictadura de Franco con el auspicio del Papa y los sectores más conservadores del Vaticano, las mujeres pasaban de la tutela de su padre a la de su marido. “Hasta la generación de nuestras madres, (según Mertxe Agúndez) el destino de las mujeres era el matrimonio o  el convento. Era habitual que si tenían un trabajo remunerado lo dejaran al casarse para dedicarse al cuidado de la familia. Sin embargo, en los años 70, ya había parejas que establecían sus relaciones sin ningún tipo de compromiso matrimonial,  aunque no existiera impedimento para ello. Simplemente querían vivir sin ataduras”. 

Manifestación y pancarta contra la ley del divorcio en la década de los 70

 

 

El divorcio llega mucho más tarde que en el resto de Europa

Los cambios sociales que se estaban produciendo con la Constitución y la necesidad de  acercamiento a Europa, hicieron posible la regulación del divorcio. Para la mayoría de la sociedad era un derecho democrático que llegaba tarde. Aunque España fue uno de los últimos países en legalizarlo, no fue tan sencillo conseguirlo. De hecho, hubo que esperar tres años, hasta 1981, para que se aceptara el divorcio. “En parte, podría ser consecuencia de que las relaciones personales y familiares estaban circunscritas al ámbito privado –analiza Mertxe Agúndez-, y la vida política y social tenía otras prioridades”. Hasta 1980 las separaciones estuvieron en manos de tribunales eclesiásticos –esto significa que era la Iglesia quien decidía si una pareja se podía separar o no- y a pesar de que la Constitución Española declaraba la aconfesionalidad del Estado, la jerarquía eclesiástica pretendía seguir imponiendo su criterio al conjunto de la sociedad. Agúndez es muy crítica a este respecto, y puntualiza con ironía que “las mismas autoridades eclesiásticas que se negaban a aceptar el divorcio como un derecho, venían practicando nulidades matrimoniales, con procesos muy costosos, para un sector concreto de la sociedad”. Lo cual significaba que existían realidades diferentes para las parejas que querían divorciarse, dependiendo de su origen social o su poder adquisitivo.

No fue un logro sencillo

Durante los tres años que tardó el proceso de legalización del divorcio, los sectores conservadores presionaron primero para que no se aceptara el divorcio y, después, para que la ley fuese muy limitada y exigiese muchas condiciones para poder llevarse a cabo.

Por otro lado, tal y como se puede comprobar en el manifiesto “Por una ley de divorcio progresista” firmado por diferentes sectores de las sociedad vasca, la sociedad en general apoyaba una ley progresista y adecuada a las necesidades sociales. En dicho manifiesto, firmado por sindicatos, partidos políticos, grupos feministas y comunidades cristianas de base, se solicitaba añadir cinco puntos para lograr una Ley de divorcio progresista: divorcio de mutuo acuerdo, total desaparición de la culpabilidad de los conyugues, eliminación del poder arbitral del juez en la concesión del divorcio, un procedimiento breve y económico y la garantía estatal para el pago efectivo y puntual de las pensiones. 

Certificado de matrimonio cortado por el medio con tijeras

 

 

El mayor cambio fue el de las mujeres

El 22 de junio de 1981, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de divorcio, que fue una Ley que se quedó a medio camino y no estuvo exenta de polémica, ya que entre otras cosas, UCD -el partido que gobernaba- quiso introducir una clausula de dureza que concedía prerrogativas a los jueces para retrasar o denegar el divorcio. La indisciplina de un sector del propio partido, motivó que la votación en el Congreso fuese contraria a la cláusula de dureza.

Aún así, La Ley del divorcio de 1981, aunque reconoció el divorcio de mutuo acuerdo, dilataba los plazos para conseguirlo al tener que solicitarse primero la separación; Mertxe Agúndez recuerda que  el mayor cambio fue el de las mujeres que empezaron a movilizarse y reclamar sus derechos. “Muchas, acudían a nuestros despachos, solas o acompañadas de alguna amiga para informarse.

Querían libertad y en muchos casos protección para sus hijos e hijas. En los primeros años hubo más separaciones que divorcios porque la ley no permitía acceder directamente al divorcio. La falta de independencia económica hizo que muchas mujeres tuvieran que emplearse en trabajos precarios, porque nunca tuvieron un trabajo remunerado o lo habían perdido al casarse y tener hijos”.

La Ley de 2005

Hubo que esperar hasta 2005 para que la Ley del divorcio se reformara y de esa manera se acortaran los plazos y se  acelerasen los trámites. La ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, popularmente conocida como “el divorcio exprés”. Esta Ley eliminó el trámite de separación (que sólo permanece como opción voluntaria), y desapareció también la obligación de esperar un año tras la boda para acceder al proceso de divorcio. Hoy en día basta con presentar la demanda de divorcio directamente (sólo se exige que hayan transcurrido tres meses desde la boda) y que se propongan las medidas provisionales, de forma que el otro cónyuge pueda contraponer las suyas.

Según los datos del INE, La mitad de los divorcios registrados en España en los últimos 30 años se han producido tras la reforma legislativa de 2005. En 2017, concretamente, hubo en España 97.960 divorcios, y la duración media de cada matrimonio es de 16,6 años.

Todos estos datos reflejan el cambio social de la sociedad española en los últimos 30 años, que como Mertxe Agúndez puntualiza, “las modificaciones legislativas normalmente se producen por la necesidad de dar respuesta a problemas sociales. A veces responden a realidades nuevas. En otras ocasiones son realidades que ya existían, pero la falta de libertad las mantenía ocultas, como en el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo y la necesidad de legalizar el matrimonio entre ellas”.
 

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