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Gallardón presenta su plan de reformas para la Justicia

26 de enero de 2012

Gallardón presenta su plan de reformas para la Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar sus nuevos proyectos legislativos y la reforma de otros ya en vigor. Así, el titular de Justicia ha anunciado entre otras medidas que se modificará la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno de las menores que quieran interrumpir su embarazo y la Ley del Menor, para que en delitos graves se juzgue conjuntamente a los mayores y menores implicados. Además, se estudiará la implantación de la cadena perpetua revisable y el copago en Justicia.

Nuevos proyectos legislativos

  • Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Reforma del sistema de elección de modo que 12 de sus 20 vocales sean elegidos de y entre jueces, juezas, magistrados y magistradas de todas las categorías. También se delimitarán las competencias del Pleno y de las distintas comisiones para agilizar el funcionamiento de este órgano. Se potenciarán los principios de mérito y profesionalidad en la promoción de la carrera judicial. Se delimitarán las competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía.
  • Nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial: Actualizar el concepto de partido judicial, que ha quedado obsoleto porque responde a una realidad muy distinta a la actual.
  • Nuevo Código Mercantil: El objetivo de esta nueva norma es materializar el compromiso expresado por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real. No sólo integrará en un único cuerpo legal la legislación mercantil existente, sino que, además, la completará y modernizará adaptándola a las exigencias de la nueva realidad económica.
  • Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: La nueva norma ordenará los plazos del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un Tribunal Superior y el papel de la policía judicial, entre otros. Al tiempo que se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal en su marco de actuación , se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor.
  • Nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria: Será un medio eficaz para desjudicializar y reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente jurisdiccional tradicionalmente encomendados a los jueces. Se reordenarán las competencias de jueces y secretarios judiciales y los procedimientos en materia de derechos reales, obligaciones, sucesiones, derecho mercantil y marítimo pasarán a notarios y registradores.
  • Nueva Ley de Mediación: Se convertirá en una oportunidad para avanzar en la modalidad alternativa de solución de conflictos. Actualmente no existe ninguna norma general que regule de manera sistemática la mediación en el orden civil y mercantil.

Reformas legislativas parciales

  • Reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
  • Se estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social.
  • Se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia de forma coordinada con el Ministerio del Interior.
  • Introducción de un sistema de juicios rápidos en el orden civil, a semejanza del instaurado en el ámbito penal.
  • Reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito. Una reivindicación que ha crecido en los últimos años y que se corresponde con el completo abandono de la víctima en el ámbito normativo. Se restablecerá su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito y de su paradero hasta el final de su condena, y se establecerán fórmulas para eludir el pago de las indemnizaciones.
  • Introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.

Otras medidas

El ministro de Justicia ha expresado también su compromiso de “mantener una fluida relación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas”, poniendo en valor la Conferencia Sectorial de Justicia, constituida en 1999, como “una valiosa herramienta para mantener un permanente diálogo con las Administraciones autonómicas”.

El titular de Justicia ha apuntado al “exceso de litigiosidad” del sistema judicial como uno de los principales problemas a combatir. En ese sentido, ha apostado por “encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de litigios que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales”. Para agilizar los procesos, uno de los objetivos básicos es la modernización de la Justicia, donde no debe confundirse la digitalización masiva con los expedientes electrónicos. Igualmente, para modernizar la Administración de la Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro ha propuesto una revisión de las tasas y los depósitos judiciales ya existentes. El fin no es otro que no prolongar indebidamente el tiempo de resolución de los procesos, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

En su comparecencia parlamentaria, Ruiz-Gallardón también ha recordado que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y con sujeción a ciertos requisitos. Así, ha subrayado que “cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos la petición individualizada de petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas”.

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