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El presidente del TSJPV pide a los juristas que "extremen las posibilidades de defensa" de las familias sobreendeudadas ante el aumento de los desahucios

17 de octubre de 2012

Catorce desahucios se registraron cada día en Euskadi durante el segundo trimestre de 2012. En total, se contabilizaron 1.231 desalojos por impago de la hipoteca y del alquiler, un 10% más que en el mismo periodo el año anterior. Ante esta situación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, considera que los juristas deben "extremar las posibilidades de defensa" de las familias sobreendeudadas para evitar que se queden sin hogar. Ibarra participó en unas jornadas para buscar soluciones dirigidas a los deudores hipotecarios, celebradas en Bilbao.

Durante su intervención, señaló la necesidad de dotar de legitimidad al rescate de las familias, sobre todo cuando la crisis "justifica" el rescate de los bancos. El magistrado insistió  en "la buena fe" de las familias sobreendeudadas cuando suscribieron los préstamos hipotecarios afrontando "el entonces altísimo precio" de una vivienda habitual y "confiados en la estabilidad laboral". Sin embargo, la situación ha cambiado con la crisis y muchas se encuentran ahora desempleados.

El presidente del TSJPV recordó que, aunque existe la posibilidad de la dación en pago de la vivienda habitual, su aplicación es "voluntaria" por parte de las entidades financieras prestamistas. En esta línea, valoró "positivamente" la creación del Servicio de Ayuda al Sobreendeudamiento Familiar (enlazar), creado por el Gobierno vasco.  Este servicio media entre los bancos y las familias con el fin de garantizar las mejores condiciones para liquidar una deuda sin perder la vivienda habitual.

En las jornadas también participó el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que instó al Ministerio Fiscal a buscar fórmulas para proteger a los deudores de buena fe. Calparsoro sugirió al Ministerio Fiscal a intervenir en los procesos de desahucios cuando dentro de una familia afectada exista un menor de edad. La Fiscalía podría "buscar algún tipo de fórmula, informe o postura que pudiera conllevar un pronunciamiento judicial favorable al deudor, aunque partiendo siempre del principio de legalidad", detalló.

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