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El Parlamento respalda la Euroorden para la protección de las víctimas

15 de diciembre de 2010

El Pleno del Parlamento Europeo ha dado su apoyo a la orden europea de protección a las víctimas. Con ella se pretende garantizar a las víctimas de delitos como la violencia, el acoso, la homofobia o la trata el mismo nivel de protección frente a sus agresores en todos los países de la Unión.

Pese a que en todos los estados miembros existen medidas de protección, éstas no son directamente aplicables en otro estado miembro, de modo que cuando el/la beneficiario/a de una de estas medidas se desplaza a otro país, ésta pierde su efectividad.

En la votación, el texto propuesto ha recibido el respaldo de 610 diputados/as, frente a 13 en contra y 56 abstenciones. A pesar del respaldo de la Eurocámara, la euroorden no ha conseguido todavía la mayoría cualificada necesaria en el Consejo de Ministros de la UE, donde están representados los veintisiete gobiernos.

Según la propuesta, esta directiva cubriría a cualquier víctima beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, como es el caso de una orden de alejamiento, cuyo agresor haya sido identificado. Si no existen instrumentos exactamente iguales a los previstos en el país de origen, el texto prevé cierta discrecionalidad de las autoridades del país al que se solicita la protección.

Protege ante todo tipo de violencia

Aunque la mayoría de las medidas de protección afectan a las víctimas de violencia machista, el ámbito de aplicación de la euroorden de protección se ampliaría a todas las víctimas, incluidos los niños y los adultos de ambos sexos, que hayan sufrido violencia y cuyo agresor haya sido identificado. Por otra parte, el/la beneficiario/a de una orden europea de protección también podría solicitar protección para sus familiares.

Sólo se podría dictar una orden europea de protección cuando previamente se haya adoptado en un Estado miembro una medida de protección, como una orden de alejamiento, la prohibición de entrar en determinados lugares o zonas en las que el protegido reside o frecuenta o la prohibición de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal.

Una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tendrían tres años para transponer las nuevas normas a la legislación nacional. Ahora será el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de enero el que decidirá si se escucha al Parlamento y se retoma la iniciativa o se deja de lado definitivamente.

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