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El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales supera su techo histórico al incrementar su presupuesto un 9,3%

23 de diciembre de 2020

Justicia incrementa sus cuentas un 10,5%

La consejera Beatriz Artolazabal ha explicado en el Parlamento Vasco que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige superará su techo histórico en 2021, al contar con un proyecto de presupuesto que llega a los 332 millones, sin contar el capítulo uno de personal, lo que supone “un crecimiento de casi del 10% con respecto a las partidas dispuestas en 2020”. En concreto, del 9,3%, ya que en el actual anteproyecto el incremento con respecto al presupuesto de 2020 es superior a 28 millones de euros.

Por ello, Artolazabal se ha congratulado de que “las políticas de igualdad, la lucha contra la exclusión social, la cooperación al desarrollo o la modernización de la justicia no solo no se ven frenadas, sino que se ven reforzadas incluso antes de poder acceder a fondos europeos”.

Políticas Sociales para atender las derivadas sociales de la pandemia

El presupuesto de la viceconsejería que Políticas Sociales hará frente de forma especial a algunas de las consecuencias que también nos ha dejado la pandemia. En concreto, su presupuesto crece un 13,5%, en más de veinte millones de euros, para responder a ese impacto social de la covid-19 y para fortalecer el Sistema Vasco de Servicios Sociales. En este sentido, las partidas destinadas a hacer frente a las consecuencias sociales del virus pasan de 26 a 29,3 millones de euros.

Destacan dos conceptos, por encima de los demás. Por una parte, el fuerte incremento de la partida destinada a las Ayudas de Emergencia Social (AES) que como medida extraordinaria también se produjo el pasado marzo; y por otra, la prolongación del fondo Inor Atzean Utzi Gabe, creado para dotar de fondos a diferentes programas impulsados con el Tercer Sector Social de Euskadi para paliar la exclusión generada o agravada con la pandemia.

Las AES se incrementan en 15 millones de euros, hasta los 42,5 millones, según ha afirmado Artolazabal. Y los programas incluidos en el Fondo Inor Atzean Utzi Gabe contarán con 8,6 millones de euros, a los que se pueden añadir la partida de 1,3 millones de euros que se destinará al programa Aukerak Suspertzen, contra la brecha digital escolar que se creó como medida extraordinaria y se financió a través de este fondo en 2020, pero que ahora adquiere una vocación de permanencia y por ello, pasa a integrarse en el presupuesto de la dirección de Familias, doblando el número de personas a atender.

Emakunde se afianza por encima de los 7 millones

En materia de Igualdad, Artolazabal ha explicado que en 2018 el presupuesto de Emakunde era de 5,8 millones de euros y que en este anteproyecto supera los 7 millones de euros. “Si comparamos los anteproyectos que hace un año y ahora han llegado a esta cámara, el incremento actual de Emakunde es de más de 1.100.000 euros”, ha enfatizado.

En esta área, la consejera ha destacado cinco proyectos: las subvenciones destinadas a las asociaciones de mujeres se doblan, llegando a 400.000 euros; las subvenciones a asociaciones que impulsan programas de prevención de la violencia contra las mujeres se incrementan hasta los 300.000 euros; también se refuerzan programas como Nahiko, Beldur barik o Gizonduz; para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia, se refuerza el programa de formación Jabetuz, que supera los 200.000 euros. Este programa ofrece formación a profesionales que atienden a las víctimas en el ámbito sanitario, judicial, policial o de servicios sociales; y también se dobla el presupuesto destinado a las ayudas a las empresas para que elaboren diagnósticos y planes de igualdad, hasta los 400.000 euros.

Por su parte, la dirección de Juventud, también transversal, contará con más de 7,6 millones de euros, de los que invertirá 1,15 a la realización de diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre los procesos de emancipación juvenil. Se pondrá en marcha una convocatoria piloto de ayudas a ayuntamientos, mancomunidades o cuadrillas para sistematizar las experiencias ya existentes y elaborar planes locales de emancipación juvenil con el objetivo de lanzar un plan de choque detectando innovadores instrumentos de planificación.

Derechos Humanos

Del mismo modo, el Gobierno consolida sus presupuestos para todas las políticas relacionadas con la cooperación, la convivencia, el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos y el reconocimiento, la memoria y la reparación. El actual anteproyecto dedica más de 58 millones a esta área.

A la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos se estima destinar 2 millones de euros, tanto para las labores propias de la Comisión como para el pago de las primeras indemnizaciones.

Cabe destacar que Gogora, el instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tiene previsto impulsar un nuevo columbario en Orduña y que planea convocar de un concurso de ideas y proyecto de ejecución museográfico para el espacio expositivo de su sede en Bilbao. Del mismo modo, Gogora pondrá a disposición de la ciudadanía una base de datos con más de 21.000 registros nominalizados de fallecidos en la Guerra Civil, e iniciará los trabajos de creación de una nueva base de datos sobre vascos y vascas encarcelados en el primer franquismo.

El departamento que dirige Beatriz Artolazabal también prevé, pese a las circunstancias, mantener el potente presupuesto de cooperación al desarrollo. “eLankidetza seguirá siendo la agencia de cooperación descentralizada con mayor presupuesto en el mundo por delante de Agencias de referencia como Flandes, Baviera, Cataluña, la ciudad de Hamburgo o Valonia”, ha incidido la consejera.

Justicia incrementa sus cuentas un 10,5%

La viceconsejería de Justicia incrementará su presupuesto en más de siete millones de euros, o lo que es lo mismo, un 10.5%, para apostar “por la transformación digital y la adecuación de espacios judiciales en Euskadi”, según ha indicado Artolazabal.

Justicia dedicará 2,3 millones de euros a atender adecuadamente las necesidades que ha generado la pandemia en la Administración de Justicia. Además, se destinarán otros 6 a la modernización y digitalización.

La asistencia jurídica gratuita estará dotada con más de 15 millones de euros, según ha resaltado la consejera, y es que “concebimos la progresiva implantación de un sistema judicial moderno y centrado en las personas como una pata más de las políticas sociales del Gobierno Vasco”.

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