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Crean los Tribunales de Instancia para simplificar el sistema judicial

08 de febrero de 2011

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de los tribunales de instancia, que no supone un coste económico añadido, con la finalidad de simplificar el sistema judicial, mejorar la especialización y “utilizar mucho mejor” los recursos públicos y las capacidades de la Administración.

Caamaño ha explicado que los tribunales de instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales, un proyecto que optimizará los recursos humanos y materiales, racionalizando el trabajo y agilizando la asignación de efectivos en función de necesidades concretas.

Un mismo tribunal albergará diferentes secciones que conocerán de las causas de ámbito penal, social, civil, contencioso-administrativo, mercantil, violencia sobre la mujer, de menores o de vigilancia penitenciaria. Para el ministro, se introduce así el principio de especialización al "agruparse por materias los jueces que hoy están dispersos en un partido judicial", ofreciendo así "una mayor calidad" del servicio de la Justicia.

La nueva distribución busca potenciar una decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección. Cuando los miembros de un tribunal tengan criterios distintos, el presidente puede llamarlos en un pleno para que unifiquen su criterio y adoptar una solución común", ha indicado.

El ministro ha explicado que la nueva organización simplifica el proceso, evita duplicidades y posibilita que las sustituciones se hagan entre los mismos miembros del tribunal, "sin necesidad de acudir a la modalidad de jueces sustitutos" ahora existente.

Igualmente, el incremento de jueces/zas podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios. Caamaño ha explicado que hasta ahora debía crearse "enteramente" un juzgado para cubrir las necesidades oportunas y que a partir de este momento será posible crear simplemente las plazas adecuadas.

La nueva organización supone, a juicio del ministro, un "cambio profundo" que prevé, desde la entrada en vigor de la ley, un horizonte de tres años para su puesta en marcha.

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