El 45% de la plantilla de Justicia acredita ya el perfil lingüístico correspondiente a su plaza o cuerpo de la Administración vascaLas líneas de euskaldunización y promoción del euskera contempladas en el Plan de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2011-2020 han permitido que casi la mitad de la plantilla de Justicia haya podido acreditar su correspondiente perfil de euskera al finalizar ese periodo.
Según el análisis de los resultados del plan realizado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, del total de 2.366 personas que trabajaban en el ámbito de la Justicia al finalizar 2020, el 45,2% ha acreditado ya el perfil de euskera de su plaza o grupo profesional, porcentaje que supera en 10 puntos las previsiones iniciales.
La evaluación destaca el mayor conocimiento y uso del euskera en el conjunto del funcionariado de Justicia, aunque este es más significativo entre los colectivos transferidos a la Administración vasca (cuerpo de auxilio judicial, tramitación procesal y administrativa, gestión procesal y medicina forense). Sin embargo, en esta última especialidad la de medicina forense, solo el 10% ha acreditado su perfil, el PL3.
Igualmente, en los colectivos no transferidos (jueces y juezas, Fiscalía y letrados y letradas) el nivel de euskera sigue siendo bajo. En concreto, de un total de 601 profesionales, tan solo 108 contaban con algún perfil de euskera.
La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, ha valorado positivamente los resultados de este primer Plan de normalización lingüística, "máxime si se tiene en cuenta que la Administración de Justicia se incorporó más tarde que el resto de la función pública a las políticas de euskaldunización promovidas por el Gobierno Vasco".
La idiosincrasia del colectivo al que se ha dirigido el plan y las dificultades derivadas de la organización del sistema judicial del Estado igualmente han ralentizado la incorporación del bilingüismo en la Administración de Justicia.
Perfil lingüístico
El análisis del plan de normalización del Gobierno vasco 2011-2020 muestra que casi el 50% tiene acreditado uno de los dos perfiles lingüísticos de referencia de los cuerpos de la Administración de Justicia de la CAPV (PL2 y PL3), incluso el PL4. Y también se ha reducido en los últimos años el porcentaje de personas que no han acreditado ningún perfil lingüístico, el 44% en toda la comunidad autónoma.
"En una sociedad cada vez más bilingüe, el avance del bilingüismo en la Administración de Justicia contribuye a mejorar la calidad del servicio que ésta ofrece a la ciudadanía", destaca Agirre.
Por territorios, en Araba, el 42% se encontraba en esa situación al finalizar la evaluación del Plan. En Gipuzkoa, más del 60% acredita alguno de esos tres perfiles y en Bizkaia, el nivel de acreditación alcanza el 47%
Bilingüísmo escrito y oral
El uso de modelos y documentos administrativos bilingües ha ido evolucionando a medida que transcurría el plan, pasando del 35% al 61% del total de documentos generados por la Administración de Justicia.
Este avance ha sido general en todas las jurisdicciones y territorios, aunque en proporciones desiguales. "Detrás de este incremento está la labor de estandarización de documentos desarrollada por la Comisión de Euskera, más de 200 al año", subraya la viceconsejera de Justicia.
El progreso de las aplicaciones informáticas también ha incidido en el desarrollo de los documentos bilingües, en paralelo a la implantación de JustiziaBat, la aplicación de gestión procesal judicial de la Administración de Justicia del Gobierno vasco.
Por el contrario, los resultados referidos al uso oral del euskera en los procedimientos de la administración de Justicia son más contenidos, aunque en los últimos años ha habido un incremento de las declaraciones y comparecencias realizadas en este idioma. "Aún queda un largo camino por recorrer para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial de su elección", reconoce Ana Agirre.
Para paliar esta situación, en el marco del proyecto Auzia Euskaraz se han constituido equipos y redes de trabajo con todos los operadores jurídicos y con los demás funcionarios judiciales con el fin de poder garantizar el derecho ciudadano a que un determinado asunto pueda tramitarse íntegramente en euskera; es decir, desde el momento en que se presenta una demanda o denuncia hasta que se dicta la sentencia.
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