Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, actualmente 281 millones de personas residen fuera de sus países de origen. Es un número muy elevado de migrantes que en la última década ha ido aumentando progresivamente, ya que cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a diferentes razones. De esos 281 millones de personas, 21 millones son refugiados que han huido de sus países de origen por causa de una guerra o por sus ideas políticas o religiosas; lo que significa que la situación de las personas migrantes en el mundo es muy diversa, pero en lo concerniente al respeto a sus derechos, las situaciones pueden resultar muy similares.
Aunque las personas migrantes no son intrínsecamente vulnerables, sí pueden verse expuestas a violaciones de derechos humanos, debido a que muchas de ellas se encuentran en situación irregular y por consiguiente son vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación. Además, muchas de ellas viven y trabajan clandestinamente, por lo que tienen miedo a denunciar y se ven privadas de las libertades fundamentales.
Los datos publicados por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en 2020 muestran que las violaciones de derechos humanos más frecuentes que sufren los migrantes son: la denegación de derechos civiles y políticos -en forma de detención arbitraria, tortura o falta de debido proceso judicial- y la vulneración de derechos sociales y culturales 
(derecho a la salud, la vivienda o la educación).
Es importante tener en cuenta que la denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados, que dependen por un lado de las administraciones de los países que los acogen o a los que migran y, por otro, de la actitud de las sociedades y personas que los acogen.
Determinación de la Condición de Refugiado
Existen diferentes organismos dirigidos, a nivel internacional y estatal, al análisis y apoyo de las personas migrantes. En lo que respecta a los refugiados, es la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR la que trabaja de cerca con los Estados para brindar apoyo y fortalecer sus capacidades de asumir crecientes responsabilidades en materia de Determinación de la Condición de Refugiado, incluyendo la mejora de sus sistemas de asilo.
En ese sentido, ACNUR publicó en 2017 un glosario de términos de procedimiento de casos de Determinación de la Condición de Refugiado que orienta el uso de la metodología de procedimiento de casos en una situación determinada. Por ejemplo, en el actual caso de las personas que huyen de Afganistán y del nuevo gobierno Talibán.
Por otro lado, en julio de 2018 todos los Estados miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos, acordaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Pero desde entonces, varios países se han desvinculado del texto a pesar de que no es legalmente vinculante y respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias.
Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración
En lo que respecta a Euskadi, en 2004 inició su andadura Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, con el objetivo de construir una herramienta de utilidad pública para el conocimiento sistemático del fenómeno migratorio en el País Vasco, y que a día de hoy publica estadísticas sobre la situación de las personas migrantes en Euskadi. Por otro lado, la Dirección de Migración y Asilo se encarga de la planificación, coordinación y evaluación general de las políticas de inmigración.
Pandemia, migrantes y derechos humanos
En el actual contexto de la crisis de salud pública causada por la Covid-19, la situación de las personas migrantes se ha visto desproporcionadamente afectada. Ya que, si las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables al estigma y la discriminación y pueden resultar excluidas en las leyes, políticas y práctica del acceso a derechos, el contexto de salud pública ante la pandemia hace que sean aún más vulnerables.
Diferentes organizaciones a nivel mundial han solicitado a los gobiernos que todas las personas, incluidas las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, deben ser tomadas en cuenta como parte integral de cualquier respuesta efectiva de salud pública y recuperación al Covid-19, ya que “incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es la única forma efectiva de proteger, no solo los derechos de las personas migrantes, sino también de evitar alimentar la xenofobia y poner en peligro la salud de la sociedad en su conjunto”.
Es por ello que las asociaciones solicitan que los Estados “adopten medidas específicas que respondan a la edad, género, discapacidad y otros factores, en aras a apoyar a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, quienes están en riesgo de ser afectados por la crisis de forma desproporcionada”.
Migración y pandemia en Euskadi
En la presentación del Euskobarómetro 2020 que elabora anualmente Ikuspegi, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, destacó que, según ese estudio, solo un 10,2% de la población vasca considera que la inmigración es un problema, frente a la mayoría que "es consciente de la gravedad de la situación generada por la pandemia" y de que "hay muchas personas y familias en situación crítica y que es el momento de ejercer la solidaridad".
En concreto, el 91% de los encuestados considera que en esta crisis sanitaria debe tener acceso a los recursos sanitarios la persona de mayor gravedad según criterios médicos, "dando igual el origen de la persona".
- Puedes consultar el Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular de la ONU (en inglés).
- Para más información sobre los derechos de las personas migrantes puedes consultar el dossier de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para América del Sur (en castellano).
- Para más información sobre el euskobarómetro, puedes acceder a los datos de la encuesta en Irekia