El derecho a una vivienda digna está recogido en varios convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
aprobado por la ONU en 1966. En concreto, el derecho a la vivienda viene recogido en el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, y con posterioridad a la Constitución se han aprobado varias Leyes relacionadas con este derecho, las últimas la Ley 5/2019, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario y en lo que respecta al País Vasco, la Ley de vivienda de 2015 .
A raíz de las dos crisis económicas ocurridas en la última década, son miles las familias que actualmente tienen problemas en materia de vivienda, ya que frente a la caída de la economía doméstica, la prioridad de las familias es alimentarse, y con el poco dinero que les queda -si es que les resta- tienen que pagar el resto de gastos, incluido el préstamo hipotecario o el alquiler. Como consecuencia, son muchos los que no tienen dinero suficiente para pagar el préstamo o la renta y que han sido desahuciados o están en riesgo de ser desahuciados por sus arrendatarios -muchos de ellos grandes arrendatarios o fondos de inversión-. En este último año, antes de la pandemia por coronavirus, es decir, en el primer trimestre de 2020, en Euskadi hubo 233 desahucios, 24 de ellos por impago de hipoteca y 198 por impago de renta. Dicho de otro modo, al día entre dos y tres familias se quedaron sin hogar.
Asociaciones ciudadanas en torno al derecho a la vivienda
Hace más de 10 años, ante la situación provocada por la crisis económica en aquella época, algunas personas crearon las primeras Plataformas de Afectados por la Hipoteca, con el objetivo de dar respuesta a la situación de las personas que no pueden pagar la hipoteca y a las que el banco puede reclamar una deuda muy elevada e incluso han perdido su vivienda. Las personas que forman parte de estas asociaciones conocen de primera mano los problemas que plantea el ejercicio del derecho a una vivienda digna, y por ello hemos pedido a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia y de Euskadi que reflexionen sobre la situación que vivimos actualmente en el País Vasco.
Sobreendeudamiento familiar y aumento del alquiler en Euskadi
No se puede negar que la crisis provocada por Covid-19 haya empeorado la situación de las familias, pero en opinión de los representantes de la PAH la situación previa también era muy preocupante: "Antes de la pandemia, debido al fraude inmobiliario y a la falta de previsión de las políticas públicas, la vivienda era la principal causa de desigualdad y exclusión social en Euskadi", explican, y citan los datos recogidos en el informe FOESSA elaborado por Cáritas correspondiente al año 2019: "En España hay 334.000 personas en situación de exclusión social y 360.000 más viven en situación de inseguridad por miedo a quedarse en la calle. Los datos son terribles ".
Si atendemos a los datos de la CAV, la situación es también muy preocupante: "La CAV es uno de los territorios de España con mayor grado de desigualdad; en nuestra comunidad vamos por detrás en políticas de vivienda, somos los primeros en desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad y además somos la tercera comunidad con los precios de alquiler más altos: 1044 €de media". Estos datos proceden de la Encuesta de Oferta Inmobiliaria que publica anualmente el Gobierno Vasco.
El aumento de los precios de los alquileres y la escasez de viviendas de alquiler público vulneran el derecho a una vivienda digna a juicio de la PAH de Bizkaia: "Las familias tienen que esperar muchos años para conseguir una casa de alquiler o una vivienda social". Como consecuencia, muchos de ellos tienen que acudir al mercado libre en busca de vivienda, lo que conlleva graves consecuencias, "Es decir, tienen que pedir un préstamo hipotecario o pagar alquileres de alto precio".
La expansión de la epidemia y la crisis de la vivienda van de la mano
La crisis que vivimos en el ámbito sanitario y los problemas de la vivienda van de la mano según los miembros de la PAH. En su opinión, la falta de acceso a una vivienda digna es perjudicial para la salud y "afecta a la dignidad, a la vida, al bienestar físico y moral y a los derechos de los niños".
En cuanto a las organizaciones internacionales, según el informe de Naciones Unidas publicado en marzo de 2020 , la vivienda está a la vanguardia de la lucha contra el Coronavirus. En palabras de Lailani Farfah, relatora especial sobre el derecho a la vivienda, "Al asegurar una vivienda segura con un saneamiento adecuado, los estados no sólo protegerán las vidas de quienes ahora no tienen hogar o viven en asentamientos informales, sino que ayudarán a proteger a la población de todo el mundo a frenar la expansión del COVID-19". Además, ha subrayado los mínimos que deben hacer los gobiernos para detener la epidemia: “Acabar con los desahucios, proporcionar vivienda de emergencia a los afectados por el virus que deben aislarse, garantizar que nadie será castigado por su situación de vivienda a la entrada en vigor de las prohibiciones, y permitir que se realicen pruebas diagnósticas y cuidados sanitarios en igualdad de condiciones”.
Una situación cada vez más dura
Los miembros de la PAH consideran que la situación empeora día a día: "En el Estado se ha suprimido la moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias y la prohibición de cortar las provisiones básicas como el agua, el gas, la luz, y se están incrementando las comunicaciones bancarias para ejecutar las hipotecas a las familias que han dejado de pagar las cuotas por incapacidad sobrevenida. En el caso de las hipotecas, se está ultimando la moratoria de cinco años que muchas familias adoptaron en base al código de buenas prácticas bancarias, y ahora hay que añadir que los bancos se están acogiendo a la nueva Ley de Crédito Inmobiliario aprobada en febrero del año pasado. Según esta ley, se puede solicitar el préstamo completo si hay una deuda superior a 12 cuotas. Muchos contratos hipotecarios tenían una cláusula de vencimiento anticipado que los tribunales consideraban nula por abuso, pero ahora el Tribunal Supremo dice que es posible reclamar la totalidad del préstamo por incumplimiento de la nueva ley, lo que significa que a los desahucios por alquiler se añadirán los desahucios por hipotecas en una perspectiva realmente preocupante ".
Nueva ley estatal de vivienda
Los miembros de la PAH confían en que la Ley de Vivienda del Estado, prevista para los próximos meses, pueda encauzar muchos de estos asuntos. "Queremos que se prohíba que las personas vulnerables sean desahuciadas de su vivienda habitual si previamente no tienen alternativa de residencia". Esta reivindicación garantizaría el cumplimiento del derecho internacional y de la jurisprudencia. "Además, el parque público de viviendas debe establecer mecanismos para que no se pueda vender a fondos de inversión especulativa", añaden, y subrayan que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. "Debe garantizar un techo adecuado a las personas y también determinar qué se entiende por zonas de tensión o con especial necesidad de vivienda social, y debe impedir la especulación en estas zonas y frenar los precios del alquiler, consiguiendo que las familias vulnerables no tengan que utilizar más del 30% de los ingresos". Este porcentaje es muy importante para las asociaciones que trabajan en el ámbito de la vivienda, ya que de este modo familias y particulares tendrían dinero para pagar el alquiler y las provisiones, y abriría la puerta a un futuro más seguro y prometedor para todas las personas que están sufriendo la crisis económica y están en riesgo de ser expulsadas de su hogar.
- La evolución detallada de los datos de Euskadi la encontrarás en la página web del CGPD
- Tienes más datos sobre los precios de los alquileres en la encuesta sobre Oferta Inmobiliaria del Gobierno Vasco