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Servicio de Justicia Juvenil

Las medidas judiciales recogidas en la Ley 5/2000

Las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya ejecución corresponde a la Administración Pública vasca son:

 

Medidas de cumplimiento en Centro Educativo

  • Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
     
  • Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas. El Juzgado de Menores podrá suspenderlas por tiempo determinado y acordar que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.
     
  • Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, y residirán en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
     
  • Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando la persona interesada rechace un tratamiento de deshabituación, el Juzgado habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

Todas las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, y el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juzgado. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos 9 y 10. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez o Jueza expresará la duración de cada uno en la sentencia.

  • Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juzgado que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia. Puedes consultar la guía sobre la medida judicial de Permanencia de Fin de Semana en un Centro Educativo y la guía sobre la medida judicial de Permanencia de Fin de Semana en Domicilio.
     
  • Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juzgado, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.

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Medidas de cumplimiento en Medio Abierto

  • Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por el personal facultativo que las atienda y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando la persona interesada rechace un tratamiento de deshabituación, el Juzgado habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. Puedes consultar la guía sobre la medida judicial de Tratamiento Ambulatorio.
     
  • Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. Puedes consultar la guía sobre la medida judicial de Asistencia a Centro de Día.
     
  • Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el personal profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juzgado de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juzgado, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:
  1. Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si la persona menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez o Jueza dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
  2. Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
  3. Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
  4. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
  5. Obligación de residir en un lugar determinado.
  6. Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
  7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juzgado, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social de la persona sentenciada, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad de la persona menor de continuar conviviendo con su padre y/o madre, persona tutora o guardadora, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección de la persona menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquélla, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.

Puedes consultar la guía sobre la medida judicial de Libertad Vigilada.

  • Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
     
  • Realización de tareas socio-educativas.La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. Puedes consultar la guía sobre la medida judicial de Tareas Socioeducativas.

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Otras medidas

  • La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares u otras personas que determine el Juzgado. Esta medida impedirá a la persona menor acercarse a ellas, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellas. Esta prohibición impedirá al menor establecer, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad de la persona menor de continuar viviendo con su padre y/o madre, persona tutora o guardadora, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección de la persona menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.
     
  • Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juzgado de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
     
  • Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiera cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
     
  • Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida.

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