Se trata de la persona designada por los colegios de abogados para la defensa de quienes así lo hayan solicitado o para quienes se hayan negado a designarlo cuando sea preceptiva su intervención en el proceso para evitar dilaciones innecesarias. Las personas defendidas por un abogado/a de oficio únicamente están libres de pagar los honorarios de este/a profesional cuando así lo establezca la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.