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Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
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Qué personas intervienen en la administración de la justicia

La Oficina Judicial

La Oficina Judicial está constituida por un conjunto de medios personales y materiales ordenados para el cumplimiento de su finalidad: la tramitación de los procesos judiciales.

La Oficina Judicial está estructurada en base a los diferentes cuerpos funcionarios que la integran, teniendo cada un de ellos competencias específicas.

Las personas que intervienen en las Oficinas Judiciales son las siguientes:

Jueces/zas

Son las personas encargadas de resolver las controversias y de emitir una resolución después de haber estudiado todas las pruebas. Emitida la resolución, deberán velar por que se ejecute lo que se ha resuelto.

Son funcionarios/as públicos que actúan con independencia a la hora de juzgar. Son las únicas personas que pueden juzgar y en la Oficina Judicial ejercen la inspección última de los asuntos.

Letrados/as de la Administración de Justicia

Dirigen la Oficina Judicial ejerciendo, entre otras cosas, la jefatura directa de todo el personal. Por lo tanto, dirigen y ordenan el trabajo, responden del buen funcionamiento de la oficina, confeccionan las estadísticas, ponen en conocimiento de la autoridad competente las necesidades de medios personales y materiales de la oficina...

Los Letrados/as de la Administración de Justicia son funcionarios/as públicos bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Ejercen con autonomía e independencia la fe pública judicial y desempeñan las funciones de dirección de la Oficina Judicial y la ordenación del proceso. No obstante, corresponde al Juez/a, como superior directo de la Oficina, la última instancia en la decisión sobre la distribución y control del trabajo en la Oficina Judicial.

Gestores/as

Son funcionarios/as que se sitúan bajo la inmediata dependencia de los Letrados/as de la Administración de Justicia y están encargados de la tramitación de toda clase de procesos, diligencias y expedientes. Asisten al Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia redactando las providencias, diligencias, actas y notas que resulten necesarias. Son también los encargados de sustituir al Letrado/a de la Administración de Justicia cuando lo aconsejen las necesidades del servicio.

Tramitadores/as

Son funcionarios/as dependientes del Letrado/a de la Administración de Justicia u Oficial, colaboran en el desarrollo general de la tramitación procesal: transcriben los textos, realizan tareas ejecutivas no resolutorias, actos de comunicación que no estén encomendados a otros funcionarios/as, y cualesquiera otras funciones que les atribuyan las leyes.

Personal del Cuerpo de Auxilio Judicial

Cooperan con los demás funcionarios/as en la práctica de diligencias judiciales dentro de sus respectivas funciones; guardan y hacen guardar la sala; ejecutan los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera; realizan actos de comunicación no encomendados a otros funcionarios/as; actúan como Policía Judicial, con carácter de Agente de la Autoridad; abren y cierran las distintas dependencias, y cualesquiera otras análogas relacionadas con la función que se les encomiende, siempre que guarden relación directa con alguna de las anteriores.

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El Ministerio Fiscal

Fiscales

El Ministerio Fiscal es un órgano que coopera con la Justicia y, aunque forma parte del Poder Judicial, ejerce sus funciones mediante órganos propios organizados de una forma jerárquica; no son jueces/zas ni dependen orgánicamente de ellos/as.

El/la Fiscal debe velar para que se cumpla lo que las leyes establecen, y cuando actúa, lo hace no en representación del interés de una persona concreta, sino en interés de la sociedad en general, del interés público. El/la Fiscal interviene de oficio, sin que nadie tenga que instar su participación, porque en determinados casos es necesario proteger ese interés público y se hace obligatoria su intervención.

Por ejemplo, cuando está en juego el interés de un/a menor, el/la Fiscal debe dirigir personalmente la investigación de los hechos e impulsar el procedimiento.

Dentro de los Palacios de Justicia se encuentran las Fiscalías. Suele haber una en cada capital de provincia y, a veces, en partidos judiciales grandes. Los ciudadanos/as pueden dirigirse directamente a estas Fiscalías donde serán atendidos por personal al servicio de la Administración de Justicia. En algunos casos, puede ser necesario solicitar cita previa para atender los asuntos de la mejor manera posible.

Puedes consultar las direcciones y teléfonos de las Fiscalías de la CAV.

Fiscalía General del Estado

El/La Fiscal General del Estado ostenta la jefatura suprema e imparte instrucciones a todos los/las fiscales del Estado. Es nombrado/a por el Rey a propuesta del Gobierno, y está asistido por los siguientes órganos: Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala, Secretaría Técnica e Inspección Fiscal.

Fiscalía de los tribunales

Existen fiscalías en cada uno de los siguientes tribunales:

  • Tribunal Supremo
  • Tribunal Constitucional
  • Tribunal de Cuentas
  • Audiencia Nacional
  • Tribunales Superiores de Justicia
  • Audiencias Provinciales

Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas

Creada en 1988 como Fiscalía especializada y con competencias en todo el territorio nacional, en procesos atribuidos a la Audiencia Nacional relativos al tráfico de drogas y blanqueo de capitales vinculado con organizaciones criminales. Asimismo, coordina la actuación de las Fiscalías territoriales en estas materias.

Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción

Concebida para intervenir en aquellos procesos penales en los que se produce un enriquecimiento derivado del abuso de la función pública: contrabando, prevaricación, uso indebido de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, etc.

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Grupos que colaboran con la Oficina Judicial

Peritos judiciales

¿Qué es un perito judicial o forense?

Es un profesional con conocimientos acreditados que presta su apoyo a los tribunales de justicia, emitiendo una opinión fundada y especializada sobre alguna materia necesaria para resolver el litigio de que se trate.

En un juicio, pueden ser nombrados judicialmente de oficio o pueden ser propuestos por alguna de las partes.

El perito suministra información en determinadas materias que el juez o jueza no está obligado a dominar, con el fin de ayudarle a tomar la decisión más acertada.

El perito en un juicio puede exponer simplemente sus conocimientos sobre el tema en cuestión, o aplicar sus conocimientos en la evaluación de alguna prueba.

Existe un perito judicial de plantilla, que pertenece a la Administración de Justicia, a la cual se accede por oposición, y también existe una figura del profesional independiente que realiza intervenciones puntuales o trabaja para los organismos judiciales en el caso de que esté concertado el servicio. Son profesionales de muy diferentes ramas: médicos forenses, psicólogos, psiquiatras, calígrafos, tasadores de vehículos, arquitectos, etc.

¿Cuál es la normativa que regula la profesión de perito judicial?

Su nombramiento, funciones y valor de sus dictámenes se encuentran regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, al tratar los medios de prueba de que se puede hacer uso en un juicio (artículos 335 y siguientes Ley Enjuiciamiento Civil) (pdf, 135 KB)

¿En qué procedimientos interviene un perito judicial?

Tanto la parte demandante como la demandada pueden solicitar que se proceda a la designación judicial de un perito, si entienden que es conveniente o necesario para sus intereses. En este caso, el juez o jueza designará al perito si lo considera pertinente, pero será a costa de quien lo haya pedido.

No obstante, si cualquiera de las partes fuera beneficiaria de justicia gratuita, podrá pedir la designación de un perito judicial y es la Administración de Justicia, en caso de que proceda, la que corre con los gastos. También cuando lo soliciten de oficio en los juicios penales el juez/a o el Ministerio fiscal.

Médicos/as forenses

La sección dedicada a la Medicina Legal y Forense te ofrece información completa sobre este Cuerpo al servicio de la Administración de Justicia.

Equipos técnicos

En la sección dedicada al Equipo Psicosocial puedes informarte sobre este grupo de personas que prestan apoyo técnico a Juzgados y Tribunales.

Traductores/as e intérpretes judiciales

¿Qué es un traductor e intérprete judicial?

El traductor e intérprete judicial es aquel que trabaja para los órganos judiciales. Existe el traductor e intérprete judicial de plantilla, que pertenece a la Administración de Justicia, a la cual se accede por oposición, y también existe la figura del intérprete o traductor judicial freelance, que es un profesional independiente que realiza intervenciones o traducciones puntuales o trabaja para los organismos judiciales a través de una empresa en el caso de que esté licitado el servicio.

Las titulaciones que encontramos entre este personal es muy variada y entre ellos también hay quienes son Intérpretes Jurados, si bien la legislación vigente no lo considera un requisito imprescindible. Mayoritariamente predominan las titulaciones de Licenciados en Traducción e Interpretación, Filología y Derecho.

¿Cuál es la normativa que regula la profesión de traductor e intérprete judicial?

No existe ningún tipo de regulación legislativa de la figura del traductor e intérprete judicial, sólo se le menciona en varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no hay ninguna regulación específica en la materia.

¿En qué procedimientos interviene un traductor e intérprete judicial?

En principio, en los juicios penales y en aquellos juicios civiles en los que la persona es beneficiara de justicia gratuita, la Administración de Justicia puede solicitarlo de oficio y es ella quien se encarga de pagar al traductor o intérprete.

En los juicios civiles que no gozan de justicia gratuita es la parte que los solicite quien sufraga los gastos del traductor o intérprete.

Por otro lado, también interviene en algunos procedimientos contencioso-administrativos, como las solicitudes de asilo.

¿En qué se diferencia un Intérprete Jurado de un intérprete judicial?

El Intérprete Jurado es aquel que cuenta con un nombramiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores o de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia que le habilita para realizar traducciones e interpretaciones juradas. Este nombramiento puede alcanzarse principalmente por dos vías: bien realizando el examen que convoca el propio Ministerio anualmente, o bien justificando una serie de créditos en traducción jurídica e interpretación cursados en la licenciatura de Traducción e Interpretación. Las traducciones juradas pueden ser necesarias en multitud de ámbitos, tanto de la esfera pública (documentos de Registro Civil, académicos, etc.), como de la esfera privada (documentación notarial y cualesquiera otros documentos susceptibles de ser presentados ante la Administración pública).

Jurado

En la sección dedicada al Candidato/a a Jurado puedes acercarte a esta institución que representa la forma de participar de la ciudadanía en la Administración de Justicia.

Policía Judicial

La policía judicial está compuesta por el personal que auxilia a la Administración de Justicia y que colabora con los Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento de los delincuentes.

No constituye un cuerpo especial de funcionarios sino que está integrada por todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio Fiscal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (pdf, 1,8 MB), le asigna las siguientes funciones:

  • Averiguar en qué circunstancias se han producido los delitos y quiénes son los responsables, procediendo a su detención. Seguidamente, debe dar cuenta al juez o jueza y al ministerio fiscal.
  • Auxiliar al juez/a y al fiscal en las actuaciones que deban realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.
  • Llevar a cabo las actuaciones de fuerza y coerción que ordenen el juez/a o fiscal.
  • Garantizar que se cumplan las órdenes y resoluciones del juez/a y fiscal.

Sus miembros, con una formación especializada, están sujetos a las directrices que marcan los jueces/as y fiscales en el cumplimiento de sus misiones y dependen por tanto funcionalmente de las Autoridades Judiciales y del Ministerio Fiscal, y orgánicamente del Ministerio del Interior.

Abogados/as y procuradores/as

La sección dedicada a los y las Profesionales de la Justicia recoge las claves para conocer la labor de estos operadores jurídicos.

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